En este artículo de La Nación escrito por Ramiro Sagasti de la Corresponsalía La Plata cuentan una triste realidad que creemos debemos plasmar en el blog.
La asistencia de los adictos a las drogas en la provincia de Buenos Aires atraviesa una profunda crisis, denunció la Federación de Organismos no Gubernamentales de la Argentina (Fonga). La Subsecretaría de Atención de las Adicciones bonaerense (SADA), que atiende a 10.000 pacientes por mes, "está por colapsar por falta de fondos", informó esa entidad mediante un comunicado.
Entre otras cosas, detalló que están en riesgo los tratamientos que ofrecen las 23 ONG que trabajan con la SADA (por cada uno de ellos el Estado paga 1250 pesos mensuales). Lo hizo al asegurar que, en los últimos seis meses, el gobierno de Daniel Scioli no abonó las becas por ese concepto.
En diálogo con LA NACION, el presidente de Fonga, Rubén González, hizo hincapié en el "contraste que existe entre el discurso del gobernador sobre el narcotráfico y el abandono de los pacientes y de los profesionales que los asisten. Nosotros no tenemos la política de abandonar los tratamientos, pero así no los podemos sostener".
El secretario de la misma entidad, Fabián Chiosso, sostuvo: "Scioli ubica el problema del narcotráfico en el plano policial, pero se olvida de lo esencial: el deterioro de las personas adictas. No sólo no nos pagan las becas por tratamiento. También deben los salarios a muchos profesionales que trabajan en los Centros de Prevención contra las Adicciones (CPA), que son del Estado. Algunos se están yendo". Cuatro personas que trabajan en estos centros, que pidieron no ser identificadas, confirmaron esta situación. "A algunos les deben tres meses de sueldo", dijo una de las fuentes consultadas.
González afirmó que, en algunos CPA del conurbano bonaerense, "se están dando turnos para dentro de 45 días. ¡A un adicto compulsivo no se le puede decir volvé en 45 días!", dijo.
El Estado cuenta con 189 CPA y nueve comunidades terapéuticas con capacidad para internar a 230 pacientes, además de otras 40 camas en el Hospital Cabred, en Open Door, y 20 más en unidades de desintoxicación. Eso, además de los convenios con las 23 ONG. De los 10.000 pacientes atendidos por mes, 500 deben ser internados; de éstos, la mitad es asistida en las ONG.
Las autoridades de Fonga enviaron cartas al gobernador Scioli; al vicegobernador Alberto Balestrini; al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y al jefe de asesores del Ministerio de Salud, Javier Goñi, en las que describieron la crítica situación. Sin embargo, elogiaron a María Graciela García, a cargo de la SADA. "Consideramos que la subsecretaria es una víctima más del abandono", se lee en un comunicado de la entidad. "No contestaron ninguna de las cartas", dijo Chiosso.
Deterioro "histórico"
El ministro de Salud de la provincia, Claudio Zin, reconoció, en diálogo con LA NACION: "Hay algún deterioro en algunos de los 189 CPA de la provincia. Eso es histórico. Durante mucho tiempo se apagó la luz y el área fue abandonada, pero no es cierto que estemos abandonando a los adictos. Hace una semana estuve reunido con las Madres contra el Paco y no me hicieron ningún reclamo en ese sentido".
Zin también relativizó la denuncia sobre deudas de la provincia con las ONG. "No es correcto generalizar; el Estado no suele tardar tanto en pagar las becas", dijo el ministro. Agregó, sin embargo, que "si hay algún caso particular, se verá y se podrá reparar el error".
El funcionario recordó un anuncio que hizo el gobernador en la asamblea legislativa: convertir a la SADA en una Secretaría de Estado, para que, según las palabras de Scioli, "se ocupe al más alto nivel de esta problemática. No permitiremos que la droga destruya el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y jóvenes", había dicho el mandatario.
"No entiendo el reclamo de esta gente. Justamente hemos resuelto jerarquizar el área y transformarla en una secretaría de Estado para darle al adicto más contención. Por eso, tampoco es cierto que el gobierno sólo ubique la lucha contra la droga en el plano policial", sostuvo Zin. Esa rejerarquización no se realizará en el corto plazo, ya que para ponerla en práctica la Legislatura debe sancionar una ley y sólo hace diez días que Zin envió el anteproyecto.
La asistencia de los adictos a las drogas en la provincia de Buenos Aires atraviesa una profunda crisis, denunció la Federación de Organismos no Gubernamentales de la Argentina (Fonga). La Subsecretaría de Atención de las Adicciones bonaerense (SADA), que atiende a 10.000 pacientes por mes, "está por colapsar por falta de fondos", informó esa entidad mediante un comunicado.
Entre otras cosas, detalló que están en riesgo los tratamientos que ofrecen las 23 ONG que trabajan con la SADA (por cada uno de ellos el Estado paga 1250 pesos mensuales). Lo hizo al asegurar que, en los últimos seis meses, el gobierno de Daniel Scioli no abonó las becas por ese concepto.
En diálogo con LA NACION, el presidente de Fonga, Rubén González, hizo hincapié en el "contraste que existe entre el discurso del gobernador sobre el narcotráfico y el abandono de los pacientes y de los profesionales que los asisten. Nosotros no tenemos la política de abandonar los tratamientos, pero así no los podemos sostener".
El secretario de la misma entidad, Fabián Chiosso, sostuvo: "Scioli ubica el problema del narcotráfico en el plano policial, pero se olvida de lo esencial: el deterioro de las personas adictas. No sólo no nos pagan las becas por tratamiento. También deben los salarios a muchos profesionales que trabajan en los Centros de Prevención contra las Adicciones (CPA), que son del Estado. Algunos se están yendo". Cuatro personas que trabajan en estos centros, que pidieron no ser identificadas, confirmaron esta situación. "A algunos les deben tres meses de sueldo", dijo una de las fuentes consultadas.
González afirmó que, en algunos CPA del conurbano bonaerense, "se están dando turnos para dentro de 45 días. ¡A un adicto compulsivo no se le puede decir volvé en 45 días!", dijo.
El Estado cuenta con 189 CPA y nueve comunidades terapéuticas con capacidad para internar a 230 pacientes, además de otras 40 camas en el Hospital Cabred, en Open Door, y 20 más en unidades de desintoxicación. Eso, además de los convenios con las 23 ONG. De los 10.000 pacientes atendidos por mes, 500 deben ser internados; de éstos, la mitad es asistida en las ONG.
Las autoridades de Fonga enviaron cartas al gobernador Scioli; al vicegobernador Alberto Balestrini; al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y al jefe de asesores del Ministerio de Salud, Javier Goñi, en las que describieron la crítica situación. Sin embargo, elogiaron a María Graciela García, a cargo de la SADA. "Consideramos que la subsecretaria es una víctima más del abandono", se lee en un comunicado de la entidad. "No contestaron ninguna de las cartas", dijo Chiosso.
Deterioro "histórico"
El ministro de Salud de la provincia, Claudio Zin, reconoció, en diálogo con LA NACION: "Hay algún deterioro en algunos de los 189 CPA de la provincia. Eso es histórico. Durante mucho tiempo se apagó la luz y el área fue abandonada, pero no es cierto que estemos abandonando a los adictos. Hace una semana estuve reunido con las Madres contra el Paco y no me hicieron ningún reclamo en ese sentido".
Zin también relativizó la denuncia sobre deudas de la provincia con las ONG. "No es correcto generalizar; el Estado no suele tardar tanto en pagar las becas", dijo el ministro. Agregó, sin embargo, que "si hay algún caso particular, se verá y se podrá reparar el error".
El funcionario recordó un anuncio que hizo el gobernador en la asamblea legislativa: convertir a la SADA en una Secretaría de Estado, para que, según las palabras de Scioli, "se ocupe al más alto nivel de esta problemática. No permitiremos que la droga destruya el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y jóvenes", había dicho el mandatario.
"No entiendo el reclamo de esta gente. Justamente hemos resuelto jerarquizar el área y transformarla en una secretaría de Estado para darle al adicto más contención. Por eso, tampoco es cierto que el gobierno sólo ubique la lucha contra la droga en el plano policial", sostuvo Zin. Esa rejerarquización no se realizará en el corto plazo, ya que para ponerla en práctica la Legislatura debe sancionar una ley y sólo hace diez días que Zin envió el anteproyecto.
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